Plan México, ¿sin rumbo?
La economía mexicana ha tenido el peor crecimiento en los últimos 50 años. ¿El Plan México cambia el rumbo?
La economía mexicana ha experimentado en los últimos seis años la peor racha de crecimiento económico del país: apenas 0.98 por ciento anual en promedio según el INEGI. Incluso, está por debajo de la llamada “Década Perdida” de los años ochenta, durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
Es más en este mismo periodo, México ocupó el penúltimo lugar en América Latina, solo por encima de Argentina, un país que ha atravesado crisis económicas recurrentes durante las últimas décadas.
El panorama para 2025 es igualmente desolador: la economía mexicana no crecerá en 2025, según el Banco de México.
Como respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan México, que consiste en estimular la inversión, crear empleos e incrementar la producción nacional.
Sin embargo, aunque en teoría suena bien, en la práctica queda la duda: ¿realmente se está cambiando de rumbo? ¿No contradicen las políticas actuales de la 4T los objetivos del Plan México?
Para contextualizar, durante la campaña, el partido gobernante se burlaba de que la economía nacional creció “durante la época neoliberal a un raquítico dos por ciento, y que ellos prometían un crecimiento del cuatro e incluso del seis por ciento”.
La realidad es que la economía atraviesa su peor desempeño en más de cincuenta años. De hecho, datos del INEGI muestran que el PIB per cápita tuvo una caída de 0.31 por ciento, en términos reales, en los últimos seis años.
Actualmente, el PIB per cápita está en niveles de 2015. Son ocho años de retroceso.
Ahora bien, el Plan México es la estrategia central del gobierno federal para transformar la economía mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social, con el objetivo de lograr una economía más competitiva y con mayor bienestar para el año 2030.
Este objetivo se busca alcanzar mediante inversiones públicas y privadas, simplificación administrativa y el desarrollo de sectores estratégicos, así como atrayendo 100,000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa (IED) hacia 2030.
Además, el plan contempla la creación de 1.5 millones de nuevos empleos en sectores manufactureros de alta especialización y valor estratégico.
No obstante, pretende garantizar que el 50 por ciento de la oferta nacional en sectores clave como textiles, muebles, juguetes y calzado esté compuesta por productos "Hecho en México", así como incrementar el contenido nacional en industrias como la electrónica, las autopartes y la fabricación de baterías.
¿Por qué, aunque la receta sea correcta, será difícil alcanzar estas metas?
Desafortunadamente, el mismo gobierno de Morena que respalda el plan ha creado un entorno hostil para el desarrollo económico.
Por un lado, el fenómeno del nearshoring ha sido considerado la oportunidad histórica para México, impulsada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde el primer mandato de Trump y exacerbada por la pandemia de COVID-19.
México, dada su geografía estratégica y múltiples acuerdos comerciales como el T-MEC, es el candidato natural para beneficiarse de esta reconfiguración global
Sin embargo, las cifras revelan que México no ha capitalizado este fenómeno. De acuerdo con la Secretaría de Economía, solo el 5.8 por ciento de la IED actual en México proviene de nuevas inversiones, muy por debajo del promedio de la OCDE del 23 por ciento.
La mayor parte de la entrada de capital proviene de utilidades reinvertidas; es capital ya existente.
El mensaje es contundente: no hay nuevos inversionistas en México.
A su vez, reformas impulsadas por la 4T, como la del Poder Judicial, generan incertidumbre sobre la seguridad jurídica, politizan la impartición justicia y debilitan la independencia del sistema judicial. Esto atenta contra el crecimiento económico al eliminarse un marco legal claro y predecible.
Mientras que Pemex y la CFE vuelvan a ser empresas públicas en vez de empresas productivas del Estado, implica una mayor opacidad y más presión sobre unas finanzas públicas ya de por sí debilitadas.
Por último, el país sufre de una inversión insuficiente en educación e investigación científica, las cuales representan apenas el 0.16 por ciento del PIB, según el INEGI.
El dato habla por sí solo.
En estas condiciones, es imposible desarrollar el capital humano y la tecnología necesaria para romper la trampa del bajo crecimiento.
En resumen, es imposible construir una base industrial de clase mundial sin un Estado de derecho, con incentivos perversos e instituciones que abiertamente inhiben el desarrollo económico.
Por todo ello, el Plan México confirma lo que ya advertía Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos: “bien hecho es mejor que bien dicho”.